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La conspiración del odio. Así se gestó la Guerra Civil

Martes 05 de Julio, 2016
Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, un grupo de militares se propuso derribar el orden vigente mediante un golpe de estado. Contaron, para ello, con el apoyo de una trama civil que financió sus planes. Esta es la historia de la conspiración que, tras el fracaso del pronunciamiento del 18 de julio, acabaría sumiendo a España en el desastre de la Guerra Civil. Por Alberto de Frutos

“Se avecina la Guerra Civil”. Así titulaba Gabriel Jackson uno de los capítulos de su ya clásica La República española y la Guerra Civil (Crítica, 2000), publicada por vez primera en 1965 y en la cual señalaba que “desde el momento de la victoria electoral del Frente Popular, los oficiales reaccionarios y monárquicos comenzaron a planear una sublevación militar”.

Esas elecciones habían tenido lugar el domingo 16 de febrero de 1936, con una segunda vuelta el 23 del mismo mes, y aunque la victoria de las “izquierdas” sobre las “derechas” fue todo menos abultada (47,2% frente al 45,7% de los sufragios), el reparto de escaños benefició a las primeras, pues la ley vigente de la República favorecía con el 80% de los asientos a aquellas listas que hubieran obtenido más del 50% de los votos, lo que hizo que 32 escaños cambiaran de manos (capítulo aparte merecen los casos de Granada y Cuenca, provincias en las que había ganado la derecha y cuyos resultados fueron anulados por sospechas de fraude, pero que, en todo caso, no hubieran inclinado la balanza hacia los “conservadores”).

LA VICTORIA DEL FRENTE POPULAR
El Frente Popular –constituido por el PSOE (Indalecio Prieto), Izquierda Republicana (Manuel Azaña), Unión Republicana (Diego Martínez Barrio), ERC (Lluís Companys), PCE, Acción Catalana, POUM, el Partido Sindicalista y otros– había sido fraguado por Azaña durante los gobiernos de centro-derecha del “segundo bienio”. Su victoria en 1936 alarmó a muchos. Veamos por qué.

Afirma Stanley G. Payne en 40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil (La Esfera de los Libros, 2006) que “el proceso revolucionario que se abrió en España tras la caída de la monarquía constituye la principal causa, aunque no la única, de la Guerra Civil”.

Según Payne, “con el triunfo del Frente Popular se inició una ‘situación prerrevolucionaria’ que, por motivos políticos, el Gobierno no pudo controlar”. Y eso que el programa legislativo del Frente Popular, que quedaría definido en abril de 1936, fue tildado por lo general de moderado. Entre otras cosas, preconizaba una nueva y más audaz reforma agraria, que, abolió, por ejemplo los desahucios para los arrendatarios, colonos o aparceros  si no eran por falta de pago, una mayor autonomía para los ayuntamientos (y el estatuto de la misma para las Vascongadas) o la readmisión de trabajadores despedidos por sus actividades políticas y sindicales (muchos de ellos asturianos). Rechazaba, por el contrario, la socialización de la tierra, la industria y la banca, lo que satisfi zo a la derecha moderada e incomodó a quienes pretendían marcar un paso más extremo a la frágil coalición frente-populista.

¿UN CLIMA IRRESPIRABLE?
Y, no obstante, aunque entre los meses de febrero y julio de 1936 el clima en España fuera convulso –y a menudo irrespirable–, ello no se materializó en ningún plan revolucionario para subvertir el orden constitucional. Esa es, tal como afirma Francisco Sánchez Pérez en el prólogo de Los mitos del 18 de julio (Crítica, 2013), una de las falsedades que ha acordonado esta tragedia: Durante la primavera de 1936 no se produjo “ninguna intervención de la Komintern ni de la URSS en España” y sí, por el contrario, una suerte de alianza entre las derechas contrarrevolucionarias o antiliberales y ciertos sectores militares para “recabar con éxito la intervención internacional de la Italia fascista antes del golpe”, lo que viene a acreditar la siguiente tesis:

La preparación de la conspiración que desembocó en el 18 de julio no puede separarse en lo más mínimo (...) del favorable entorno fascista que rodeaba a España. (Ángel Viñas).

Durante semanas, los discursos febriles y los desfiles de la victoria timbraron la agenda de las principales ciudades del país y hubo un problema palmario de seguridad. Clara Campoamor recordaba que “desde la mitad de mayo hasta el inicio de la Guerra Civil, Madrid vivió una situación caótica” en la que los obreros se negaban a pagar la cuenta de sus consumiciones y sus mujeres se escudaban tras “un tiarrón que exhibía un elocuente revólver” para hacer lo propio en los ultramarinos. Antes de que el teniente Castillo y el diputado de Renovación Española Calvo Sotelo sucumbieran al fanatismo aquel maldito 12 de julio, los brotes de violencia se contaron por docenas, con víctimas de ambos lados, falangistas y de izquierdas, tiroteos y bombas por doquier que el Gobierno trató de atajar. La muerte a tiros del magistrado del Supremo Manuel Pedregal, que había sentenciado a treinta años a un falangista, o el asesinato frustrado del diputado socialista Jiménez de Asúa, que se saldó con la muerte de su escolta, fueron solo algunas muestras de esa exacerbación.

Hay quienes culpan a Azaña de inhibirse o de no encarar con sufi ciente contundencia los excesos, pero, en general –y aquí es oportuno condenar su pasividad en la quema de conventos del 11 de mayo–, sus disposiciones confi rman que, al menos, trató de hacerlo, aunque la creciente radicalización de las partes bloqueó sus remedios.

LA LUCHA POR EL PODER
Lo cierto es que aquella primavera, como apostillara Raymond Carr, “la lucha por el poder pasó de las Cortes a la calle, a los clubes y a los comedores de ofi ciales”, promovida por prédicas tumultuosas o directamente apocalípticas, que el mismo Indalecio Prieto trató de aquietar: “Lo que no soporta una nación –señaló– es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad”. Las importaciones se habían hundido desde 1931 y la mayor parte de las exportaciones se limitaba a productos como las naranjas, las almendras, el vino o el aceite. Pero ese no era el principal escollo. La Revolución de octubre de 1934, aún reciente y cuya intensidad Payne calificó como una “advertencia”, fue el caldo de cultivo que cimentó el odio al otro y dio carta de naturaleza al terror y a la venganza en una España cada vez más polarizada.

Tiempos de zozobra, pues, tras los que los golpistas del 18 de julio se escudaron para actuar, aunque los conflictos no eran nuevos y, en todo caso, el Frente Popular no tuvo que afrontar unos sucesos como los de Casas Viejas o la “imperdonable” Revolución de 1934 (el adjetivo es de Salvador de Madariaga). Pero, si las palabras de Gabriel Jackson que hemos citado al principio son ciertas, esto es, si los planes de la sublevación comenzaron en el mismo momento de la victoria del Frente Popular, ¿no estuvo la suerte echada de antemano?, ¿tuvieron el Frente y por ende la República alguna posibilidad de sobrevivir a la ansiedad de aquella primavera?

Ahora sabemos, por ejemplo, que los monárquicos, a través de Pedro Sainz Rodríguez, contrataron con la Italia fascista  el suministro de un fabuloso material bélico –que incluía cuarenta aviones y miles de bombas– a principios de julio de 1936. El envío fue “avalado” por Antonio Goicoecha, el padre de Renovación Española, y pudo contar con la complicidad de Calvo Sotelo.

¿Acaso los asesinatos de este último y del teniente Castillo desencadenaron realmente el golpe o este se venía urdiendo desde mucho tiempo atrás? Anthony Beevor lo tiene claro cuando, en La Guerra Civil española (Crítica, 2005), declara: “Desde el primer momento, los nacionales quisieron hacer creer a todo el mundo que solo se habían sublevado para abortar un putsch comunista, lo que no era más que un montaje para justifi carse, a toro pasado, por lo que habían hecho”. Y, para Paul Preston, “la Guerra Civil representó la última expresión de los intentos de los elementos reaccionarios en la política española de aplastar cualquier reforma que pudiera amenazar su privilegiada posición”. No era la primera vez que lo intentaban. El 10 de agosto de 1932, La Sanjurjada supuso el primer levantamiento contra la incipiente República, y, aunque su fracaso convenció a muchos de que el tiempo de las asonadas había pasado, la realidad es que no fue esa la última tentativa desestabilizadora. Tras las elecciones del Frente Popular, el general Goded trató de sublevar sin éxito a las tropas del Cuartel de la Montaña (17 de febrero), pero aún era demasiado pronto. Sea como fuere, el Gobierno no midió bien la fuerza de sus enemigos cuando se limitó a alejar a los generales desafectos en la convicción de que el desarraigo bastaría para zanjar los peligros.

Lee el reportaje completo en Historia de Iberia Vieja nº112

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