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La Pepa, nuestra primera Constitución

Viernes 20 de Noviembre, 2015
Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, el miedo atenazó a los Borbones españoles. Carlos IV vio pelar las barbas de su vecino y abortó cualquier intento modernizador que el Despotismo Ilustrado hubiera podido insinuar siquiera. El miedo fue a más tras la ejecución de Luis XVI en 1793. Y, a comienzos del siglo XIX, el poder de Napoleón no tardó en poner sus miras en nuestro país. Por: Alberto de Frutos
La Pepa, Fernando VII, Constitución, Carlos IV, Valençay, Motín de la Granja, Cádiz, Floridablanca, Cabezas de San Juan
Tras las Abdicaciones de Bayona, Bonaparte hizo que tanto Carlos IV como Fernando VII le cedieran la corona y, en 1808, sus tropas entraron en España. Fue entonces cuando se gestó un primer antecedente del constitucionalismo hispano: José I, el hermano del emperador, otorgó el Estatuto de Bayona, una carta promulgada el 7 de julio de 1808, solo un mes después de acceder al trono. Pero el pueblo se levantó en armas y ese texto germinal –que no era una constitución pero sí un primer paso para la misma– no tuvo apenas vigencia.
De ahí llegamos, ahora sí, al primer texto constitucional propiamente dicho. En algunas partes de España, durante el caos desencadenado tras la Guerra de la Independencia, se organizaron Juntas para coordinar la resistencia frente al invasor. En septiembre de 1808 se formó la Junta Suprema Central, encabezada por el conde de Floridablanca, uno de cuyos objetivos fue abrir unas cortes constituyentes en 1810. Efectivamente, tras su disolución comenzó la tarea del Consejo de Regencia de España e Indias, a partir del que se configuraron las Cortes de Cádiz, que presentaron una ley común a todos los españoles: la constitución de 1812, influida por la francesa de 1791.
 
1812: LA PEPA
Fue la más extensa de nuestra historia, con 384 artículos divididos en diez títulos. Promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 –festividad de San José–, el pueblo no tardó en bautizarla como La Pepa. Su principal aportación fue el reconocimiento del principio de soberanía nacional. Ninguna persona o familia podía ostentar el poder sin sujetarse a las leyes constitucionales, lo que afectaba claramente al Rey. Su vigencia se redujo a seis años no consecutivos: entre 1812 y 1814 –Fernando VII la derogó entonces para volver por los fueros del Antiguo Régimen–; entre 1820 y 1823 –cuando fue reinstaurada en el llamado trienio constitucional y de nuevo abolida por el monarca, que abominaba de su azufre liberal–; y, tras el motín de la Granja, en 1836 y 1837, que dio origen a la siguiente.
La Pepa instituía un sufragio indirecto masculino y fuertemente censitario. Establecía que, para ser diputado a Cortes, el aspirante debía poseer una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios, de manera que el poder legislativo quedaba virtualmente en manos de la burguesía.
Tras el tratado de Valençay, que puso fin a la guerra de la Independencia, las Cortes aseguraron que no permitirán el regreso de Fernando VII si este no firmaba la constitución, pero un sector de los diputados, encabezado por Bernardo Mozo de Rosales, suscribió el Manifiesto de los Persas, que reclamaba la vuelta del absolutismo, cosa que al rey no había que repetirle dos veces e hizo encantado.
Tras una serie de levantamientos liberales infructuosos, en enero de 1820 el general Riego triunfó con el de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). A nuestro camaleónico rey no le quedó más remedio que dar su brazo a torcer para conservar la corona, y aprobó la constitución con estas palabras: “Marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional”. Como se demostraría más adelante, no era más que un ardid: Fernando VII pidió ayuda a la Santa Alianza y el ejército del duque de Angulema sofocó la revuelta. En 1823, el Deseado volvió a enterrar cualquier atisbo liberal en España.
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