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El sufragio obligatorio de Alfonso XIII

Lunes 02 de Julio, 2018

EN 1890 se instauró en España el sufragio universal masculino, es decir, no se tenía en cuenta la renta de los ciudadanos a la hora ejercer su derecho al voto. Bajo esta ley se convocaron los comicios de finales del siglo XIX y principios del XX.

Aunque no existen datos fidedignos de participación en ninguno de estos procesos electorales, debió de ser relativamente baja, sobre todo a raíz de la apatía producida por el llamado desastre del 98.

De ahí que la clase dirigente se marcara como objetivo una reforma que aumentara la participación para que el gobierno resultante estuviera más legitimado. El conservador Antonio Maura capitaneó la tarea, que encomendó a su ministro de Gobernación, Juan de la Cierva.

Así, el 10 de agosto apareció en la Gaceta de Madrid (antecedente del BOE) la nueva ley electoral. La principal novedad (y que desapareció de las leyes electorales posteriores) fue implantar el sufragio obligatorio bajo pena de multa. Así, en el artículo 2 se lee:

“Todo ciudadano tiene el derecho y el deber de votar en cuantas elecciones fueren convocadas en su distrito”, si bien el legislador establece unas excepciones: “Quedarán exentos de esta obligación los mayores de 60 años, el clero, los Jueces de Primera Instancia en sus respectivos partidos y los Notarios en el Colegio Notarial donde ejerzan sus funciones”.

Era lógico que la reforma viniera de la mano de un gobierno conservador, porque tradicionalmente eran los conservadores y monárquicos quienes menos participaban en la vida pública.

La ley estuvo vigente durante el resto del período constitucional de Alfonso XIII (hasta 1923) y no fue reformada hasta mayo de 1931, ya con la República, por lo que las elecciones que dieron lugar a esta todavía estaban regidas por la de 1907.

Aunque actualmente la figura del sufragio obligatorio es casi desconocida en nuestro entorno (solo la contemplan Bélgica, Luxemburgo y Grecia), todavía pervive en gran parte de América Latina y en Australia.

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