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Fernando VII o el Origen de la policía

Viernes 12 de Enero, 2018
El reinado de Fernando VII siempre se caracterizó por su fuerte represión. Con la restauración absoluta se desata sobre España y su sociedad un opresión feroz para la que es necesaria la creación de la Policía.

Con el retorno de los absolutistas en 1823, se inició el primer gran exilio masivo de españoles al extranjero huyendo de la venganza del rey absoluto, se cerraron locales de reunión y tertulias como la de la Fontana de Oro (lugar habitual de reunión de los partidarios más exaltados del liberalismo, especialmente durante el trienio liberal), las cortes se clausuraron, la Constitución de 1812 fue nuevamente derogada, se suprimió toda la prensa del país en 1824, y las cárceles se volvieron a llenar de perseguidos y presos políticos liberales. En su famoso libro El terror de 1824, el famoso escritor canario Benito Pérez Galdós definía a la perfección este ambiente de terror y represión:

“En su lugar veíanse nuevas proscripciones, encarcelamientos, la horca siempre en pie, la venganza más cruel gobernando a la Nación, y la vida de los españoles pendiente del capricho de un salvaje frailón o de fieros polizontes. Las delaciones, como puñaladas recibidas en la oscuridad, traían en gran consternación a la Corte. Desaparecían los ciudadanos sin que fuera posible saber en qué calabozo habían caído. Las cárceles tragaban gente como las tumbas en una epidemia.

Los frailes, los obispos, todos los absolutistas de temple incitan al Gobierno a extirpar la negrería; los voluntarios realistas amenazan con sublevarse si no se les da todos los días sangre de liberales, horcas y más horcas”.

En este papel represivo y absolutista jugó un papel esencial el ingeniero de la represión fernandina, el político y aristócrata aragonés Francisco Tadeo Calomarde que, entre 1824-1832, fue designado Secretario de Gracia y Justicia.

Fue en su época, llamada por Mesonero Romanos la “época calomardiana”, cuando se lanzó formalmente y se llevó a cabo uno de los instrumentos represivos por excelencia de la época fernandina: la policía del reino.

En su obra Memorias de un setentón, Ramón de Mesonero Romanos habla de Calomarde en estos términos:

“Parecía el más influyente e identificado con el pensamiento del Monarca, y era, por consiguiente, el encargado por este de la represión de las ideas liberales o revolucionarias, de la persecución y anulación de sus partidarios, y de la intolerancia contra todo lo que pudiera dar vuelo al saber, al talento y a la ilustración”.

Debido a ello, el Rey Fernando VII y sus asesores políticos más intransigentes no dudan en crear un nuevo organismo que, si bien tenía precedentes en la historia de España, estaba llamado a desempeñar un papel esencial en la nueva política de represión.

LA POLICÍA GENERAL DEL REINO

Si bien los orígenes históricos de la policía española se pueden remontar a la Santa Hermandad, un cuerpo especial de vigilancia rural de caminos creado en el siglo XV por los Reyes Católicos, no es hasta enero de 1824 cuando se puede considerar, como así lo consideran sus propios miembros, el nacimiento formal de los orígenes históricos recientes de la policía nacional española, nacida en este momento, no obstante, más que como cuerpo de servicio y protección de todos los ciudadanos, como un elemento de represión política.

Así, por Real Cédula firmada en el Palacio Real de Madrid el 8 de enero de 1824, y promulgada el 13 de enero, se creaba el cuerpo de la Policía General del Reino, inicialmente creada en cooperación de Narciso Heredia, conde de Ofalia como Secretario de Gracia y Justicia (1823-1824), y posteriormente por Francisco Tadeo Calomarde, verdadero artífice de este cuerpo policial, que ocuparía dicho cargo entre 1824-1832.

Según la Real Cédula de 1824, la Policía General del Reino, ya en su preámbulo introductorio, afirma sin ambigüedad ni disimulo que una de las misiones sería la de

“…hacerme conocer la opinión de mis pueblos, e indicarme los medios de reprimir el espíritu de sedición, y de extirpar los elementos de discordia”.

El organismo estaba dirigido por un magistrado superior, denominado Superintendente General de la Policía del Reino, ubicado en Madrid, y que tenía nexo de comunicación permanente en nombre del monarca con el Secretario de Gracia y Justicia, en este caso Calomarde, durante la práctica totalidad de la existencia de dicho cuerpo policial.

Debido al carácter especial de Madrid como capital del Estado, el decreto recoge una diferenciación de instituciones entre la capital y el estado. Para la primera, el decreto creaba los llamados “Comisarios de Cuartel”, los antecedentes directos de las primeras comisarías de policía en los diferentes distritos de la capital, mientras que el resto de las provincias del Estado estaban bajo control de los intendentes y subdelegados, con sede central en las capitales de provincia, en las que habría un intendente y secretario, así como una subdelegación de policía en cabeza de los partidos judiciales “donde se juzgue necesario” y en estrecho contacto con los ayuntamientos locales.

En cuanto a la sede de la Superintendencia General, según el relato mencionado de Pérez Galdós, parece que debió ubicarse en algún momento en el Palacio de Santa Cruz: “En la planta baja del edificio que se llamó primero Cárcel de Corte, después Sala de Alcaldes, más tarde Audiencia y que ahora va camino de llamarse, según parece, Ministerio de Ultramar, estaba situada la Superintendencia General de Policía”.

El nuevo organismo parece que fue bien recibido por los absolutistas exaltados, como se evidencia en el número del periódico realista El Restaurador del 13 de enero de 1824, donde se afirma que “con mucho placer hemos visto el decreto por el que se establece las Policía general del Reino, cuyo fiel cumplimiento podrá contribuir a la seguridad y tranquilidad”.

CONTRA TODOS

Inicialmente, y de hecho en el fondo, los fines y labores asignados a la policía fernandina eran sin duda alguna positivos y bienintencionados, tratando en todo momento de velar por la seguridad de los ciudadanos y la prevención de los delitos (formar padrones, expedir y controlar los pasaportes, otorgar permisos y licencias, multas y penalizaciones, vigilar los establecimientos públicos, vigilar los campos y caminos, velar por los pobres y mendigos, reprimir a los bandoleros, ladrones y delincuentes, cuidar del orden y la salud pública en general, o controlar los abastos municipales), financiándose con los fondos públicos e impuestos, y llegando incluso a contemplar un estricto control interno del cuerpo, recogiendo la suspensión del mismo en caso de abusos o vejaciones de sus miembros.

Sin embargo, realmente esta policía en época fernandina tuvo un papel mucho más siniestro y encuadrado dentro de la lógica represiva del reinado absoluto del monarca, y estaba encargado de vigilar, espiar y reprimir a todo tipo de oposición política al gobierno, elevando a la categoría de delito y crimen contra el Estado la oposición y conspiración política contra los derechos absolutos del rey, al mismo nivel que cualquier crimen cometido en la época.

Esta función ya aparece recogida claramente en el propio Real Decreto de 1824 que, en su artículo 14, contiene como funciones esenciales de la Policía las de controlar los libros que vengan importados de fuera del país, incautar obras, impedir la circulación de periódicos, folletos o caricaturas contrarias al rey y a sus gobiernos, arrestar a los que profieran obscenidades contra el rey y perseguir a asociaciones secretas, como los comuneros, masones o carbonarios.

Ello se completará con un apéndice en un Real Decreto de 1827, que añade, a las anteriores, como facultad de la policía la de vigilar las conspiraciones contra el sistema absolutista. Como vemos, la censura total y absoluta de todo tipo de opiniones públicas o incluso privadas que pudieran ir en contra de la fi gura del rey absoluto y de su gobierno.

Para desempeñar el control y el mando de este organismo, se designó a un Superintendente General de la Policía, que hacía las veces de director del organismo, tratando directamente con el Secretario de Justicia del reino. Este cargo fue desempeñado con celo y rigor por varios dirigentes en esta época, aunque los más reconocidos de ellos fueron Mariano Rufino González (1824) y, especialmente, Juan José Recacho, a partir de 1825.

Del primero apenas sabemos que en el momento de ocupar su cargo era un absolutista convencido, de los más exaltados del momento, y ocupaba los cargos de Consejero del Rey, y Alcalde de la Real Casa y Corte.

Ello parece confirmado por el historiador Emilio Encinas Gómez en su estudio sobre el gobierno de Cea Bermúdez, cuando afirma que “Mariano Rufino González fue nombrado el 14 de agosto Superintendente de Policía, sustituyendo a Manuel José Arjona, para que se convirtiese en el gran represor, e inmediatamente se dedicó a hacer un padrón secreto, unas fichas personales para la Policía, de todos los españoles, con lo que la Policía sabía de cada uno su pasado político, y lo que sabían sus vecinos de sus opiniones políticas”.

Este alineamiento de Rufino González con los sectores más ultras del régimen fernandino, que se evidencia en sus decretos durísimos contra el liberalismo, le debió de costar su cargo pues ya en 1825 aparece, como indica Encinas Gómez, sustituido por Juan José Recacho, posiblemente por formar parte del sector o grupo integrista que, ya en 1825, conspiraba contra el rey Fernando VII al exigirle el restablecimiento de la Santa Inquisición (que no fue restaurada como tal en 1823), el mantenimiento de la influencia en la corte real de los absolutistas exaltados y más dureza contra el liberalismo, y que protagonizó un intento de golpe militar absolutista en la figura del general Bessieres, que fue abortado.

Ello parece confirmado por los historiadores José Luis Comellas y Luis Suárez Fernández en su libro Del antiguo al nuevo régimen: hasta la muerte de Fernando VII, cuando afirman que, en abril de 1825, el rey Fernando VII publica un decreto donde claramente se opone a las presiones de los realistas exaltados, y tras el cual fue fulminantemente destituido de su cargo y desterrado de la corte de Madrid Rufino González en favor de Recacho, más moderado, partidario del rey y contrario o al menos crítico con los realistas exaltados, debido, según los autores, a las sospechas del Gobierno sobre su implicación en la conspiración realista que acabaría terminando en la sublevación de Bessieres en verano.

EL COMISARIO

Tras su destitución en 1825, el cargo de Superintendente de la Policía pasa a manos de Juan José Recacho, como hemos visto más moderado en su odio al liberalismo y desde luego alineado con los reformistas y no con los exaltados como su antecesor en el cargo.

Según la biografía de Recacho elaborada por la Enciclopedia de Oviedo de la Fundación Gustavo Bueno, este abogado extremeño y catedrático de la Universidad de Salamanca ocupó previamente los cargos de oidor de la Real Audiencia Guadalajara-México en 1804 y de la Real Audiencia de Asturias en 1824 y fue nombrado Caballero Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica antes de su gran encargo como Superintendente General de la Policía y Consejero del Rey, de donde tuvo también que salir por la puerta de atrás, pues acabó fugándose de España ante la tesitura de ser detenido.

Indistintamente del carácter más duro de Rufino González o el más moderado de Recacho, ambos sirvieron a la perfección a la maquinaria represiva de la Policía del Reino, tal y como se atestigua en una serie de bandos que nos aclaran las ideas sobre el verdadero papel y finalidad que tuvo en aquellos años el organismo.

Destacan entre ellos varios bandos durísimos, firmados por Recacho, como el de Madrid de 22 de mayo de 1825, donde establece que:

“Ninguna persona podrá denigrar al gobierno de S.M. y si alguien es sorprendido, será arrestado y entregado al Tribunal competente. El que ofenda de palabra o por escrito a las personas constituidas en autoridad civil, militar o eclesiástica será igualmente tratado.

Los dueños de las fondas, cafés, casas de villar, tabernas y demás establecimientos públicos evitaran las discusiones o conferencias políticas, denunciando al celador de su barrio las conversaciones en las que se censuren las disposiciones del gobierno, o se falte el respeto a la Santa Religión, a las autoridades y a las buenas costumbres.

Las personas que esparzan noticias subversivas contra los soberanos derechos de S.M. o contra su Gobierno serán arrestadas. Toda persona que reciba papeles anónimos que hablen de materias políticas o de las disposiciones del Gobierno, los presentará inmediatamente a la Policía. Igualmente serán los que lean o copien cartas o papeles que hablen de las mismas materias en sentido subversivo. Los que tengan reuniones públicas o secretas en las cuales se murmuren las disposiciones del Gobierno o se pretenda desacreditar a éste, serán procesados”.

MANIFIESTOS Y REVUELTAS

En otro bando firmado nuevamente por el Superintendente General de Policía Recacho, el 3 de febrero de 1827, afirmaba: “Cualquier persona que tenga o reciba algún papel subversivo, con tendencia a la desorganización del Gobierno legítimo del Rey Nuestro Señor, lo entregue a la Policía. A quien se le encuentre cualquier papel incendiario, será preso como reo de Estado”.

Por otro lado, no fueron únicamente los liberales los perseguidos y reprimidos por la policía fernandina. Parece ser que el mando de Recacho y Calomarde también se encargó de reprimir, perseguir, espiar y controlar a los absolutistas exaltados, como se evidencia en la documentación de la Policía que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional.

Hay que tener en cuenta que, ya para 1825, como hemos comentado, los absolutistas exaltados, descontentos por el auge en el gobierno de los moderados, la destitución de los más exaltados de cargos de confianza, y la falta de tenacidad en las medidas más radicales, se agruparon en torno a la fi gura del hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón (futuro líder e instigador de las guerras carlistas), y tuvieron a lo largo de esta década en vilo al gobierno del absolutista moderado Manuel González Salmón y al Secretario de Justicia Francisco Tadeo Calomarde, quienes se comieron de lleno las exigencias y conspiraciones ultras, que se evidenciaron en el intento de sublevación militar exaltada de Jorge Bessieres en agosto de 1825, la publicación de un Manifiesto de los Realistas Puros en noviembre de 1826 que, aunque de dudosa autenticidad, denigraba al rey y proclamaba legítimo soberano a su hermano Carlos, y fi nalmente una sublevación militar absolutista exaltada en Cataluña entre julio y noviembre de 1827, llamada la revuelta de los agraviados o malcontents.

Todo ello motivó que las pesquisas policiales se extendieran también a estos sectores, como se evidencia documentalmente en las labores de espionaje a la figura de quien fuera nada menos que Secretario de Estado y Duque del Infantado, Pedro Alcántara Toledo y Salm-Salm que, según afirma en su biografía María del Mar Alarcón Alarcón, estaba cercano a los exaltados, como se afirma en un documento de un confidente y espía de la Policía de Recacho que afirma haber oído al Duque decir que “al rey lo están engañando, y lo que tiene que hacer es poner la Inquisición, castigar a los negros (liberales), y a cualquiera que quiera oponerse”.

 

Si quieres conocer más, puedes hacerlo en el número 151 de Historia de Iberia Vieja. 

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