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Las otras independencias

Miércoles 27 de Septiembre, 2017
¿España es una nación o una nación de naciones? ¿Tiene sentido invocar aquí el derecho de autodeterminación de los pueblos? ¿Qué respuestas ha dado el Estado a los distintos movimientos secesionistas que lo han alterado?

En el número de octubre de Historia de Iberia Vieja, hacemos un balance del estado de estas preguntas cuestión –o, mejor dicho, del estado de la nación–, partiendo de la revuelta cantonal de la Primera República, cuando Cartagena solicitó adherirse a Estados Unidos… En unos días en los que sólo se habla de independentismo, Alberto de Frutos repasa la historia, que a veces ayuda a quitar un poco de dramatismo a la actualidad.

Alcoy, 9 de julio de 1873. Durante la Primera República, una revuelta obrera de carácter libertario deriva en un baño de sangre. La reacción del alcalde Agustí Albors, que ordena disparar a los huelguistas para disolver una manifestación frente a su ayuntamiento, solivianta al pueblo, que toma las armas y asedia el consistorio. El alcalde muere a manos de la masa enfurecida, junto con varios guardias y algunos trabajadores; y la ciudad recupera el revolucionario Comité de Salvación Pública francés hasta el 13 de julio, cuando las tropas federales abortan la insurrección, y su cabeza visible, el maestro anarquista Severino Albarracín, emprende el camino del exilio. En el curso de aquellos acontecimientos, Alcoy se declara independiente.

Aquella revuelta se prolongó varios días no por falta de reflejos del Gobierno, sino porque la situación general en España lo desbordaba. El 12 de julio, tres días después de los sucesos de Alcoy que se conocerían como la Revolución del Petróleo, estallaba la rebelión cantonal en Cartagena, un órdago a la integridad territorial de España, que promovía la autonomía administrativa y económica de los municipios sublevados bajo la dirección de distintos Comités de Salud Pública.

Primara o no el sentimiento separatista en el cantonalismo, el movimiento puso contra las cuerdas a un gobierno republicano al que los intransigentes acusaban de inmovilista. Y eso que el presidente del Ejecutivo era, a la sazón, Francisco Pi i Margall, partidario de una República Democrática Federal hecha “de arriba abajo”, es decir, con una Constitución que no negaría luego el derecho a instaurar cantones. Incapaz de resolver la ecuación, el veterano político barcelonés dimitió.

Su sucesor, Nicolás Salmerón, recurrió al Ejército para sofocar la revuelta, a la que se iban sumando más y más ciudades.

LA REVUELTA SE EXTIENDE
El 19 de julio Sevilla, Cádiz, Valencia, Almansa y Torrevieja se declaraban cantones independientes; un día después se sumaban Castellón y Granada; el 22 lo hacían Málaga, Salamanca, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras… El grito de Cartagena –“¡Viva la República federal! ¡Viva la soberanía del pueblo!”– se extendía como una mancha de aceite, resonando en las gargantas de Castilla, Valencia y Andalucía, pero curiosamente no en Cataluña, que lidiaba entonces con las partidas carlistas, muy activas en el interior.

Pero, ¿qué era en resumidas cuentas el cantonalismo? La historiografía contemporánea ha corregido la índole separatista e internacionalista de ese movimiento, que, de hecho, negó cualquier injerencia extranjera. El historiador José María Jover señaló, por ejemplo, que “los cantonales creían en la eficacia del principio federal para lograr la unidad ibérica”, así como “en el valor de cada vida humana y en los derechos que asisten a cada hombre por el mero hecho de serlo”. El cantonalismo fue hijo de una decepción, la expresión más impetuosa de un regionalismo que desaprobaba la esterilidad de un centralismo “tiránico” para dar respuesta a los problemas del día a día. Su receta, la formación de mini-estados confederados, advertía de no pocos efectos secundarios, pero el ansia de reformas aplastaba cualquier reticencia.

Lee el reportaje completo en el nº148 de la revista Historia de Iberia Vieja

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